Un tribunal indio declaró ayer culpables de «muerte por negligencia» a ocho directivos de la subsidiaria india de la compañía estadounidense Union Carbide. Los acusados -ya ancianos y uno de ellos fallecido- se enfrentan a dos años de cárcel y la compañía a una multa de casi 9.000 euros. Se trata de las primeras sentencias por el desastre que dejó miles de muertos. «Demasiado tardía e insuficiente», afirman afectados y activistas. «Esto no es justicia. Dos años de cárcel por la muerte de miles de personas es ridículo. Este es el tipo de penas que se imponen en los de accidentes de tráfico», explicó Rachna Dhingra, del Grupo de Acción e Información de Bhopal, a ABC. «Vamos a recurrir la sentencia a un tribunal superior». En la medianoche del 3 de diciembre de 1984 un escape de gas de la fábrica de la multinacional Union Carbide sumió en una nube tóxica de isocianato de metilo a los barrios más pobres de la ciudad de Bhopal, en el estado indio de Madhya Pradesh. Antes del amanecer 3.500 personas habían muerto. Hasta hoy, la cifra ha ascendido a 25.000, de acuerdo con grupos de activistas. El Gobierno reconoce que el número de afectados por el accidente asciende a 578.000 personas, que recibieron de media 300 euros de compensación. El proceso judicial comenzó en 1987. Los acusados se enfrentaron en un principio a cargos por homicidio, que podían acarrear penas de diez años de cárcel. Sin embargo, en 1996 el Tribunal Supremo de la India redujo los cargos a muerte por negligencia. Todos los condenados son ciudadanos indios, entre ellos Keshub Mahindra, entonces presidente de la subsidiaria india de la Union Carbide. Sin embargo, el estadounidense Warren Anderson, presidente de Union Carbide, nunca ha pisado un tribunal y se encuentra prófugo de la justicia india desde 1987. Nueva generación afectada La fábrica de pesticidas que debía hacer prosperar la zona es hoy un esqueleto oxidado. En su interior descansan todavía 350 toneladas de residuos tóxicos. Dow Chemical, que adquirió la desaparecida Union Carbide en 2001, no acepta la responsabilidad del accidente, mientras los activistas denuncian que los residuos sin limpiar se han filtrado en la tierra y han envenenado el agua subterránea que beben las 30.000 personas que viven en los alrededores de la fábrica, perpetuando la tragedia con una nueva generación de niños con deficiencias y discapacidades. Los estudios de la Clínica Sambhavna muestran que la incidencia de casos de malformación en niños es diez veces mayor aquí que en otras zonas, mientras que las distintas ONG internacionales que han actuado en el caso denuncian que la cifra de niños nacidos muertos se han triplicado, mientras que las muertes durante el parto se han multiplicado por dos.

Fuente: ABC, 08/06/2010.
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